- Los decretos son una reforma tributaria por decreto
- La flexibilización de las reglas contractuales en plena ley de garantías y la posibilidad de dar subsidios en dinero en época electoral configuran un escenario de alto riesgo para la confianza institucional y la integridad en el uso del dinero público
- El mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso
Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, expresó su preocupación por la expedición de nuevos decretos del Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica, al advertir que, en la práctica, estas medidas están convirtiendo la excepción en una reforma tributaria por decreto para atender las necesidades de caja, con nuevos impuestos y mayores cargas que golpean al sector productivo, desincentivan la inversión y erosionan la confianza en la estabilidad de las reglas del juego.
Entre las medidas más sensibles sobresale el Decreto 0240 de 2026, que amplía el impuesto extraordinario al patrimonio a establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras, elevando la complejidad de su aplicación y deteriorando aún más el clima para la inversión extranjera. Pero la preocupación no es únicamente tributaria. Varios de los decretos expedidos bajo la emergencia económica relajan controles institucionales, reducen exigencias de transparencia y amplían márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, en un momento preelectoral en el que el país debería reforzar al máximo los mecanismos de vigilancia, publicidad y control. “La flexibilización de reglas para subsidios, presupuesto territorial y ejecución de programas con recursos estatales configura un escenario de alto riesgo para la confianza institucional y la integridad en el uso del dinero público”. agregó.
El Decreto 0245 de 2026 resulta especialmente delicado porque permite entregar transferencias monetarias extraordinarias con criterios de focalización y selección de beneficiarios que serán definidos posteriormente por el DPS, sin publicidad previa de las decisiones administrativas. A su vez, el Decreto 0243 de 2026 autoriza
a alcaldes y gobernadores a hacer modificaciones presupuestales y contratar créditos de tesorería sin los controles ordinarios de concejos y asambleas, e incluso suspende temporalmente el seguimiento sobre recursos del Sistema General de Participaciones. “El mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso”.
Asimismo, el Decreto 0244 de 2026 establece subsidios y garantías para créditos productivos sin incorporar mecanismos claros de transparencia sobre beneficiarios ni trazabilidad suficiente sobre el uso de los recursos.
“En conjunto, estas medidas evidencian un uso expansivo de las facultades excepcionales, con cambios estructurales en materia tributaria, presupuestal y administrativa sin el debido debate democrático en el Congreso. La atención de la crisis no puede servir de justificación para debilitar controles esenciales, afectar la seguridad jurídica ni comprometer la confianza institucional”, concluyó Cabal Sanclemente.