- FENALCO reitera que un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país.
- El decreto cuenta con deficiencias legales graves y presentaba riesgos económicos y sociales para el país
- En riesgo por el decreto hay alrededor de 772.340 empleos y eventuales cierres de innumerables mipymes
- El decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justifican ajustes del 6.21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios – FENALCO respaldó la decisión del Consejo de Estado de declarar la suspensión temporal del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo, al considerar que su expedición desconoció los parámetros constitucionales y legales que rigen este proceso, tal como lo mencionó el Gremio en la demanda presentada.
El alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, atendiendo los criterios establecidos en la ley, entre ellos la evaluación técnica de variables como la inflación, la productividad, la capacidad de pago de las empresas y el impacto sobre el empleo formal.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, esta decisión constituye un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral: “La ilegalidad del decreto era evidente. La fijación del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral ni desconociendo los criterios técnicos y constitucionales que buscan proteger tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y de las empresas”, afirmó el líder gremial.
FENALCO reiteró que un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país. En Colombia más del 55% de las personas que trabajan están en situación de informalidad. Esto significa que la gran mayoría de personas —trabajadores informales, independientes y millones de hogares— no se benefician directamente del aumento, pero sí enfrentan sus consecuencias.
Al incrementar de manera desmedida el salario mínimo, los costos de producción y operación aumentan, lo que se traduce en mayores precios de alimentos, transporte, servicios y vivienda. En la práctica, sube el costo de vida para todos, especialmente para quienes tienen ingresos bajos o informales, profundizando las dificultades económicas que se busca aliviar.
“Un aumento desmedido del salario mínimo no solo pone en riesgo la generación y permanencia del empleo formal, sino que termina trasladándose a mayores precios de bienes y servicios, afectando el bolsillo de los mismos trabajadores y ciudadanos que se pretende proteger”, agregó Cabal.
El gremio destacó que la decisión del Consejo de Estado restablece el equilibrio institucional, protege el proceso de concertación laboral y reafirma que las políticas salariales deben construirse con responsabilidad técnica, diálogo social y estricto respeto por la Constitución Política.
Finalmente, FENALCO expresó su expectativa de que el nuevo decreto que expida el Gobierno Nacional atienda rigurosamente los parámetros legales, contribuya a la estabilidad económica y favorezca la preservación del empleo formal, condición indispensable para el bienestar social y el crecimiento sostenible del país.