En días pasados, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó para comentarios el Análisis de Impacto Normativo sobre el Reglamento técnico de las definiciones y requisitos para anunciar productos que generen beneficios ambientales.
De esta manera, este instrumento normativo tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos, condicionando su uso a que se trate de aseveraciones objetivas y debidamente comprobadas antes de su difusión.
Así, a pesar de la vigencia del marco normativo general, en el contexto actual del mercado nacional e internacional se ha evidenciado un incremento sustancial en el uso de declaraciones ambientales ambiguas o carentes de sustento científico, práctica conocida como "greenwashing" o eco blanqueo. El sector productivo y comercial, buscando responder a una demanda creciente de bienes sostenibles, frecuentemente hace uso de adjetivos, adverbios u otras expresiones cualitativas que no permiten una evaluación objetiva del contenido o transformación ambiental de los flujos de materiales que describen. Esta falta de precisión técnica dificulta la materialización y consecución del propósito de las etiquetas y declaraciones ambientales, el cual es dar información exacta y verificable para todos los consumidores, y con esto, buscar dinamizar la demanda de productos con menor impacto ecológico y ambiental.
Igualmente, para atender esta problemática de fondo, se hace necesario el estructurar una propuesta normativa que incorpore parámetros de "Trazabilidad técnica o documental" y de "Cuantificación Verificable", atendiendo precisamente algunos preceptos ya establecidos dentro del mismo decreto. Por tanto, la propuesta de reglamentación debe establecer que todo beneficio ambiental publicitado pueda ser verificado, replicado, auditado o respaldado documentalmente mediante algún mecanismo objetivo, como lo pueden ser: certificados, informes técnicos, estudios de ciclo de vida (ECV) o declaraciones ambientales de producto (DAP), emitidos por organismos competentes o acreditados.
Por último, las afirmaciones que se hagan a través de medios publicitarios o del etiquetado, deberán expresarse mediante valores con unidades de medida reconocidas, citando expresamente las fuentes metodológicas utilizadas, eliminando la ambigüedad cualitativa, y adaptando su contenido comunicativo al contexto del mercado, región o localidad donde se comercialice tal producto.
De este modo y debido a las implicaciones que la iniciativa pueda tener para el gremio, lo invitamos a enviar sus comentarios a más tardar el día 13 de noviembre de 2026.