En días pasados, el Departamento Nacional de Planeación publicó para comentarios el Proyecto de Documento Conpes sobre la Política de Mejora Normativa.
De esta manera, tiene el objeto aumentar la calidad de la producción normativa de las entidades públicas del nivel nacional y territorial, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, la consolidación del uso de evidencia y análisis prospectivo, y la promoción de la participación efectiva, con el fin de promover el goce efectivo de derechos e impulsar el desarrollo productivo a 2033.
Así, los objetivos específicos son:
- Fortalecer los mecanismos de participación, transparencia e inclusión en la producción normativa para garantizar la incidencia efectiva de los actores sociales en las decisiones regulatorias.
- Consolidar el uso sistemático de evidencia, análisis prospectivo, innovación y lenguaje claro en la formulación e implementación normativa con el fin de mejorar su calidad técnica, relevancia y efectividad.
- Fortalecer la gobernanza y la coordinación entre entidades responsables de la producción normativa, con el fin de asegurar procesos coherentes, eficientes y técnicamente sólidos.
- Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar una producción normativa de calidad.
Igualmente, la Política de Mejora Normativa (PMN) constituye un pilar fundamental para garantizar normas de calidad que respondan a las necesidades sociales y productivas, evitando que se conviertan en barreras al ejercicio de derechos y al desarrollo económico. Esta política se concibe como un conjunto de buenas prácticas, herramientas y metodologías orientadas a la producción normativa adecuada, pertinente y coherente.
Por último, con respecto a la gobernanza, independencia y autonomía de los organismos reguladores y superintendencias, se identificó la necesidad de adoptar buenas prácticas regulatorias con respecto a las dimensiones de independencia de la OCDE. Por un lado, se recomendó (i) delimitar claramente el rol y las responsabilidades de los decisores de política pública, los reguladores y las superintendencias como organismos de supervisión, vigilancia y control, así como la solución de conflictos entre estos.
De este modo y debido a las implicaciones que la iniciativa pueda tener para el gremio, lo invitamos a enviar sus comentarios a más tardar el día 1 de octubre de 2025.