En días pasados, el Ministerio de Defensa Nacional publicó el proyecto de decreto "Por el cual se modifica y adiciona la Sección 6 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 y se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de los prestadores autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada". El proyecto busca actualizar el régimen tarifario aplicable al sector de vigilancia y seguridad privada, en concordancia con las recientes modificaciones de la legislación laboral y las condiciones económicas del país.
De esta manera, el proyecto establece una nueva metodología para la determinación de las tarifas mínimas de los servicios de vigilancia y seguridad privada, estructurándolas a partir de tres componentes: costos directos (BASE), costos indirectos de administración y supervisión (AyS) y el seguro de vida obligatorio del personal operativo. Asimismo, incorpora una estructura mixta que combina factores expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y en Unidades de Valor Básico (UVB), con el propósito de garantizar el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas del sector.
Así mismo, la iniciativa incorpora tarifas diferenciales para determinados usuarios, entre ellos el sector residencial, las micro y pequeñas empresas, las entidades públicas de departamentos de tercera y cuarta categoría, los municipios de quinta y sexta categoría y el sector educativo privado ubicado en dichas entidades territoriales, buscando facilitar el acceso a estos servicios sin afectar el cumplimiento de las obligaciones laborales ni la calidad en la prestación del servicio.
Igualmente, el proyecto armoniza el régimen tarifario con la reducción gradual de la jornada laboral prevista en la Ley 2101 de 2021 y con las modificaciones introducidas por la Ley 2466 de 2025 en materia de recargos nocturnos, dominicales y festivos, estableciendo mecanismos de actualización periódica de las tarifas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y reforzando el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los prestadores del servicio.
Para mayor información, acceder al proyecto de decreto que se acompaña.