Lo anterior, basado en que el  Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011) parte de la premisa según la cual todos los bienes están sujetos a garantía, por lo que no es válido expresarle al consumidor que no es procedente el cambio.

Tal supuesto, precisó la Superintendencia, constituye un desequilibrio injustificado en contra del consumidor, ya que el empresario le estaría negando un derecho que por ley le corresponde.

Es tan amplio el ámbito de la garantía que no excluye, inclusive, bienes imperfectos, usados, reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados. En este caso no será exigible si la circunstancia es conocida y aceptada por el consumidor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Estatuto del Consumidor.

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