Acorde con ello, el Alto Tribunal precisó que la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994, el Decreto 1748 de 1995, el Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2943 del 2013, entre otras normativas, reglamentan varias medidas que garantizan, a través del pago de las incapacidades, los derechos fundamentales del trabajador, como el mínimo vital, la salud y la vida digna.

Así, la falta de capacidad laboral, temporal o permanente, que puede ser de origen laboral o común, constituye una circunstancia que determina quién es el responsable de cancelar las incapacidades de los trabajadores.

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