Así, la Corte Constitucional estableció que la información grabada en cámaras instaladas en el domicilio de una persona es indiscutiblemente privada, a menos que se trate de vigilancia por una orden judicial. Lo mismo ocurre con los equipos de vigilancia instalados en establecimientos privados que son abiertos al público, como lo son centros comerciales, establecimientos turísticos o de comercio, entre otros. 

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