De esta manera, a través de la presente directiva se imparten medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen la función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. Estas medidas deberán ser aplicadas en consonancia con lo que disponga la normativa vigente aplicable. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público harán seguimiento al cumplimiento de estas medidas y evaluarán sus efectos.

Así, se establecen medidas para la optimización de recursos en la contratación pública, dentro de los cuales encontramos:

- Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

- Racionalización en la contratación de estudios.

- Contratos interadministrativos.

- Comités fiduciarios de los patrimonios autónomos que manejen recursos públicos.

- Conflictos de intereses.

- Utilización de la plataforma SECOP para la ejecución contractual.

- Revisión de los mecanismos de adquisición consolidada de bienes y servicios y del esquema de los acuerdos marco.

- Medidas contra la afectación de la competencia en los procesos contractuales.

- Reportes mensuales de la agencia nacional de contratación Colombia compra eficiente.

- Liquidación oportuna de los contratos estatales.

Igualmente, se establece una austeridad en gastos de funcionamiento e inversión, dentro de los cuales encontramos:

- Prohibición de indemnización de vacaciones.

- Comisiones y viáticos.

- Vehículos.

- Arrendamientos de sedes.

- Combustibles.

Para mayor información acceder al documento que se acompaña.