De esta manera, tiene por objeto brindar los lineamientos necesarios a las entidades públicas de la Administración Distrital para hacer efectivos los principios rectores que rigen la política nacional de racionalización y de automatización de trámites. Lo anterior, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción, mejorar la eficiencia en la gestión pública, la atención al ciudadano, y fomentar la competitividad.

Así, aplicará a las entidades de la Administración Pública Distrital, incluyendo el Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor, las Alcaldías locales, las Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y todas las demás entidades del orden distrital adscritas y vinculadas, y a los particulares que desempeñen funciones públicas y/o administrativas, frente a las actuaciones que desarrollen que contengan exigencias, trámites, procesos y procedimientos administrativos que involucre el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones por los particulares, así como la relativa a la inspección, vigilancia y control de los mismos.

Igualmente, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá liderará al interior del Distrito la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, garantizando la aplicación de los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites y requisitos en el Distrito velando por que ninguna de las entidades de la Administración Distrital imponga cargas que no establece la Ley y que los particulares reciban un tratamiento justo y equitativo.

De este modo y debido a las implicaciones que la iniciativa pueda tener para el gremio, lo invitamos a enviar sus comentarios a más tardar el día 29 de julio de 2022.