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SuperSociedades se pronuncia sobre el Régimen de Insolvencia Empresarial

En días pasados la SuperIntendencia de Sociedades emitió el Concepto No. 220-59754 de 2019 mediante el cual se pronunció sobre el régimen de insolvencia empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, el cual no resulta aplicable a los fondos de capital privado, teniendo en cuenta que tienen su propio régimen de constitución y liquidación.

 

Lo anterior, en el entendido que el desarrollo legal de los fondos de capital se encuentra consagrado en el Decreto No. 1984 de 2018, donde se definen de manera clara y precisa sus alcances, constitución y funcionamiento.

 

Así mismo, se disponen las causales de liquidación y el procedimiento liquidatorio, trámite que deberá comunicarse o ponerse en conocimiento de la Superintendencia Financiera por parte de la sociedad administradora de las carteras colectivas o sistemas de negociación en los que estén inscritos.       

 

Vale recordar, que los fondos de capital privado son fondos de inversión colectiva cerrados que deben destinar al menos las dos terceras partes de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE. Para efectos de este calculo, no se computarán los activos que indirectamente impliquen inversiones en valores inscritos en el RNVE.

 

Conforme a lo anterior, precisó la Superintendencia que no resulta procedente la aplicación del Régimen de Insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, a los fondos de capital privado, en razón a que cuentan con su propio Régimen de Constitución y Liquidación y por ende la falta de competencia de esta SuperIntendencia para conocer y adelantar procesos liquidatorios.

 

Por último, la Entidad recalcó que la Ley de Insolvencia Empresarial (Ley 1116 de 2006), adopta un criterio residual en el sentido que solo las personas jurídicas que no tengan establecido un régimen especial de liquidación puede acceder a los mecanismos establecidos en la citada norma, muchas veces los criterios de exclusión radica en la existencia de un interés público especial y calificado que generó un desarrollo legal especial de aplicación preferente.