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SuperIndustria se pronuncia sobre fecha de validez de cupones de descuento

En días pasados la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Sentencia No. 14187 de 2018, decidió una acción de protección al consumidor en la que hizo especial énfasis en que los cupones de descuento deben ser claros en cuanto a su fecha de validez.

 

Al respecto, la Entidad precisó que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 23 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011), los proveedores y/o productores deben suministrar a los consumidores información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan.


Así las cosas, la Superintendencia precisó que esta obligación de informar, supone en términos generales, la existencia de una relación de consumo en virtud de la cual un consumidor adquiere un bien o servicio, determinado por las condiciones objetivas y específicas anunciadas respecto del mismo.

Por lo tanto, agregó, que dicho bien o servicio debe ajustarse a las características de uso y funcionamiento anunciadas, so pena de resultar el productor y/o proveedor responsable de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información.     

 

En el caso bajo análisis, la consumidora quiso redimir un cupón de descuento por diez mil pesos ($10.000) que le fue enviado, confiada en la información entregada respecto a la fecha de validez del mismo (30 de junio del 2018). Sin embargo, al intentar realizar la compra (4 de junio del 2018), le informaron que ya había expirado.

 

Según la entidad, no puede recaer sobre el consumidor el peso de la insuficiente o inadecuada información, situación que le generó inconformidad y derivó en la vulneración de sus derechos, en la medida que no vio colmadas sus expectativas ni satisfechas las necesidades para las cuales pretendía usar el cupón. Inclusive, de haber sido clara la información es posible que no se hubiera interesado en el producto.

 

Vale recordar que el retraso en el cumplimiento de la orden impartida causa multa a favor de la Superintendencia por el equivalente a una séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo y, en caso de persistir, se podrá decretar el cierre temporal del establecimiento.