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Consejo de Estado precisa concepto de territorialidad del tributo

La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante Sentencia se pronunció sobre concepto de territorialidad del tributo. Al respecto. la alta corte recordó que los conceptos relacionados con otros ingresos no operacionales, ventas al exterior (exportaciones) y ventas a comercializadoras no pueden ser objeto de fiscalización, sino en el municipio o distrito donde se realice la actividad industrial de la sociedad contribuyente.

 

De esta manera, la Sección precisó que cada ente territorial es competente para exigir el pago del gravamen que se cause en su jurisdicción, teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en su territorio y en relación con la actividad desarrollada, pues de lo contrario, se desconocería el principio de territorialidad del tributo y se excedería la facultad de fiscalización de cada municipio o distrito.

 

Así mismo, recalcó que el artículo 1 del Decreto 3070 de 1983, que dispuso que los contribuyentes que realicen actividades industriales, comerciales o de servicios en más de un municipio, a través de sucursales o agencias, constituidas de acuerdo con lo definido en los artículos 263 y 264 del Código de Comercio o de establecimientos de comercio debidamente inscritos, deberán (i) registrar su actividad en cada municipio y (ii) llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en dichos municipios, con lo cual la prueba contable, para efectos de determinar la territorialidad del impuesto de industria y comercio -ICA, constituye un medio de prueba.

 

Aunado a lo anterior, esta Sección ha dicho que aunque es cierto que es procedente deducir de la base gravable total, el ingreso obtenido en otros territorios, no es menos cierto que se requiere, necesariamente, que el contribuyente acredite por cualquier medio idóneo el origen extraterritorial de los ingresos.

 

Por último, el alto tribunal recordó que no se releva a los contribuyentes de ICA de la obligación de llevar registros contables independientes, en relación con operaciones gravadas en cada municipio, bajo la idea, de que la certificación expedida por el contador público o por el revisor fiscal, constituye uno de los medios de prueba con los que cuenta el contribuyente para demostrar la territorialidad de los ingresos para efectos de ICA, siempre que este se haya aportado en la oportunidad legal, con el cumplimiento de los requisitos de ley y permita determinar el volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en cada uno de los municipios, es decir, que además de oportuno, resulte suficiente para probar el hecho o que valorado con otros medios de prueba, conduzcan al convencimiento de que al contribuyente le asiste el derecho.