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Se buscan establecer instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte en el país
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Lunes, Octubre 9, 2017 - 2:17pm

En días pasados el Ministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 140 de 2017 de Senado “Por medio de la cual se establecen instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios, así como para los organismos de tránsito y de apoyo a estos, y se establecen otras disposiciones”.

 

Esta iniciativa tiene por objeto establecer instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios, así como para los organismos de tránsito y de apoyo al tránsito, determinando las autoridades administrativas competentes para adelantar los procesos administrativos de que trata este proyecto de ley, así como también, los sujetos objeto de supervisión, las infracciones, sanciones, medidas correctivas y preventivas.

 

Por otra parte, se busca que la Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura cumpla, entre otras, con las siguientes funciones: 1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el Transporte en todos sus modos y modalidades, su Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios, así como los organismos de tránsito y los organismos de apoyo a estos, 2. Inspeccionar, vigilar y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio público de transporte en los modos y modalidades propias de su conocimiento,  3. Inspeccionar, vigilar y controlar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, administración, operación, explotación y/o mantenimiento de infraestructura de transporte, 5. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa y la calidad del servicio de los sujetos de vigilancia.

 

A su vez, las autoridades de transporte continuarán ejerciendo las competencias asignadas por la ley o los reglamentos, siempre y cuando las mismas no hayan sido atribuidas a la Superintendencia de transporte, puertos e Infraestructura. No obstante, cuando esté en riesgo la continuidad o la adecuada prestación del servicio público de transporte o se impacte el Sistema Nacional del Transporte, la Superintendencia podrá asumir de manera excepcional y preferente el conocimiento de cualquier infracción por medio de acto administrativo motivado.

 

Adicionalmente, se busca que aquellas autoridades que ejercen la función de vigilancia, inspección y control, estén investidas de la facultad de cobro coactivo para hacer efectivas las sanciones pecuniarias impuestas en ejercicio de su función. Además, se prevé que el noventa por ciento (90%) de los recursos recaudados se destinarán a la financiación de los gastos en que incurra esa entidad para el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, y el diez por ciento (10%) restante se destinará a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones como cuerpo operativo de control del transporte terrestre automotor.

 

Respecto de las empresas de transporte público, se prevé que deberán certificarse en gestión de calidad de conformidad con la norma técnica internacional ISO/IEC o la Norma Técnica Colombiana (NTC). Una vez expedido el respectivo reglamento, las empresas contarán con un plazo de dos (2) años para implementar el sistema de gestión de calidad.

 

Por último, este proyecto contempla un régimen de sanciones para las empresas de transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, que incurran en infracciones como no informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio, cualquier cambio que se realice en el contrato social o solidario, no mantener actualizada la relación del equipo con el cual presta el servicio público de transporte, permitir la operación de los vehículos vinculados sin portar los distintivos de la empresa, o los señalados por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes sobre la materia, no reportar oportunamente la información de los conductores que se encuentren registrados ante la empresa, permitir la prestación del servicio público de transporte en vehículos sin Tarjeta de Operación, entre otras.

 

De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el 16 de octubre de 2017.

 
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