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Gestión Jurídica

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La Dirección Jurídica de FENALCO Presidencia Nacional apoya de forma transversal a las diferentes áreas de la Federación y sus seccionales, al tiempo que vela por la representación de los intereses del Gremio y de sus afiliados en los distintos frentes relacionados con la regulación y reglamentación de la actividad comercial y todo lo que en ella se encuentra inmerso. La Dirección Jurídica está dividida según la especialidad de cada uno de los miembros que la conforman para sacar así, el mayor provecho de nuestro equipo de profesionales.

  • Asesor Jurídico de Asuntos Legislativos
  • Asesor Jurídico de Asuntos Gremiales
  • Asesor Jurídico de Asuntos Corporativos

FENALCO INFORMA

En días pasados, el Senador Jaime Amín Hernández, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 067 de 217 de Senado “Por medio del cual se adiciona la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. Esta iniciativa tiene por objeto que todos los sitios abiertos al público como centros comerciales, edificios de uso público, y en general los lugares donde existan parqueaderos habilitados para visitantes, cuenten con acceso y puestos de parqueo para las personas en condición de discapacidad, con movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, de acuerdo a dimensiones adoptadas internacionalmente en un número no menor al cinco por ciento (5%) del total. Estos parqueaderos deberán estar diferenciados por el símbolo internacional de accesibilidad. En el caso de nuevas urbanizaciones y unidades residenciales, se deberá garantizar como mínimo un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. Además, la ubicación de los sitios de parqueo de acceso prioritario deberá estar cerca a los ascensores, rampas, escaleras, accesos y/o salidas a los establecimientos. Por último, se busca crear el Certificado Único de Discapacidad -CUD-, el cual será expedido por las autoridades de tránsito territoriales. Este certificado será un documento público, de uso personal e intransferible en todo el país, y permitirá estacionar en los sitios establecidos, siempre y cuando, el vehículo sea conducido y/o utilizado por la persona en estado de embarazo notorio, con movilidad reducida o en condición de discapacidad y deberá ser portado en un lugar visible dentro del vehículo. Su vigencia será renovada anualmente mientras persistan las causales por las cuales se otorgó. De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo jueves 24 de agosto.
En días pasados las Congresistas Claudia López y Angélica Lozano, radicaron ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 090 de 2017 de Cámara “Por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para los contratistas de prestación de servicios y se dictan otras disposiciones en materia de contratación administrativa y modernización Estatal”. Este proyecto de ley tiene como objeto desarrollar una serie de medidas referentes a las condiciones de quienes están contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, así como la implementación de un plan de trabajo público decente, que permita la modernización de las plantas de personal del Estado a fin de garantizar que el mismo cuente con el talento humano suficiente para cumplir con sus fines constitucionales y legales. Así, las disposiciones contenidas en la iniciativa se aplicarían a las personas naturales que se encuentran vinculadas a entidades públicas o privadas por medio de contratos de prestación de servicios, sean estos de naturaleza civil o administrativa. En consecuencia, se pretenden crear una serie de beneficios para los contratistas, como lo son: 1. Por cada año de trabajo, cinco (5) días de descanso remunerado y una prima de descanso equivalente al 25% del promedio de los honorarios recibidos mensualmente en los últimos seis (6) meses, 2. El contratante debe suministrar un plan básico de cobertura de caja de compensación, especialmente para acceder a créditos de vivienda y educación, así como ser afiliado a una aseguradora de riesgos laborales, 3. Se deberá garantizar la continuación de contratos a personas en condición de incapacidad, mujeres en estado de embarazo o lactancia, 4. Los contratistas podrán acceder a permisos por luto y por calamidad doméstica, sin tener que suspender el contrato, 5. Multas para los contratantes o empresas que no pagan oportunamente los honorarios, entre otros. Adicionalmente, los contratos de prestación de servicios sólo podrán ser renovados cuando subsista la necesidad contractual que los originó o una nueva necesidad que requiera ser atendida por la administración pública y no pueda ser cubierta por el talento humano de planta. De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo jueves 24 de agosto.
En días pasados la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo No. 005 de 2017 de Senado “Por el cual se modifica el artículo 65 y se incluye el artículo 65A dentro del Título II, Capítulo 2 de la Constitución Política de Colombia” Esta iniciativa tiene por objeto positivizar el derecho humano a la alimentación adecuada en el ordenamiento jurídico colombiano, así como establecer la obligación en cabeza del Estado para adoptar medidas destinadas a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Así, se busca que el Estado pueda promover condiciones que permitan garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el país. Adicionalmente, se pretende incluir el derecho a la alimentación adecuada y no tener hambre, con el fin de garantizar que las personas tengan acceso de manera regular, segura, permanente y libre, a alimentos cuantitativa y cualitativamente adecuados y suficientes, que guarden correspondencia con sus identidades y tradiciones culturales.
En días pasados el Ministerio de Trabajo dio a conocer el Proyecto de Decreto “Por el cual se adopta la Política Nacional de Trabajo Decente, se promueve la generación de empleo, la formalización laboral, el diálogo social, los derechos fundamentales en el trabajo de los sectores públicos y privados del país, mediante la adición del Capítulo 12 del Libro 2 Parte 2 del Título 2 del Decreto Único Reglamentario de los artículos 74 y 75 de la Ley 1753 de 2015”. Esta iniciativa tiene por objeto adoptar la Política Nacional de Trabajo Decente, la cual busca promover el cumplimiento de las condiciones para que las personas accedan en igualdad de oportunidades a un trabajo decente, que les permita desarrollar un proyecto de vida con enfoque diferencial, territorial, de género, garantía y goce efectivo de sus derechos fundamentales del trabajo, sin discriminación, con protección social y mediante el diálogo social que facilite la existencia de empresas sostenibles. Así mismo, las disposiciones contenidas en este texto serían aplicadas en el sector privado, público, social y solidario, así como en zonas urbanas y rurales, en lo relativo a los componentes de trabajo decente. Adicionalmente, pretende garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores a nivel individual y colectivo, con especial atención a las poblaciones vulnerables en el país. Por último, la financiación de la Política Nacional de Trabajo Decente tendrá recursos de las entidades del sector trabajo y otras de orden nacional, además se promoverá la concurrencia de recursos con entes territoriales, alianzas público privadas y otros entes de cooperación internacional. De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo lunes 23 de agosto.

En días pasados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Proyecto de Decreto “Por el cual se sustituyen y modifican artículos de los Capítulos 1,2,3 y 4 del Título 2 de la Parte 2 y el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, en lo relacionado con las modificaciones introducidas al Régimen de Precios de Transferencia por la Ley 1819 de 2016”.

Así, la iniciativa se circunscribe en su ámbito de aplicación a los contribuyentes del impuesto sobre la Renta y Complementarios que celebren operaciones con vinculados del exterior, o ubicados en zonas francas, o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o de regímenes tributarios preferenciales, y/o que estén obligados a la aplicación de las normas que regulen el Régimen de Precios de Transferencia.

Por lo cual, los contribuyentes obligados a presentar declaración informativa de precios de transferencia, a preparar y enviar el informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria, que celebren operaciones con vinculados y/o estén obligados a la aplicación de las normas que regulen el régimen de precios de transferencia, deberán llevar a cabo tales operaciones en cumplimiento del principio de plena competencia, entendido como aquel en el cual las operaciones entre vinculados cumplen con las condiciones que se hubiesen observado en operaciones comparables con o entre partes independientes. Lo anterior a efectos de determinar sus ingresos ordinarios y extraordinarios, costos, deducciones, activos y pasivos paras los fines del impuesto sobre la renta y complementarios.

Sin perjuicio de lo anterior, están obligados a presentar declaración informativa de precios de transferencia, a preparar y enviar el informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria, los contribuyentes que: i) Su patrimonio bruto en el último día del respectivo año o período gravable sea igual o superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT o ii) sus ingresos brutos del respectivo año iguales o superiores al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT.

Por último, prevé la posibilidad de realizar un Acuerda Anticipado de Precios -APA-, el cual podrá suscribirse entre la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y el contribuyente del impuesto sobre la Renta, en el que se determina una serie de criterios y una metodología para la fijación de los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad aplicables durantes ciertos períodos fiscales a las operaciones realizadas con vinculados. De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 23 de agosto.

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En días pasados la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- emitió concepto acerca de las modificaciones realizadas por la Reforma Tributaria y la diferencia entre el tratamiento contable y fiscal tratándose de ajustes por diferencia en cambio. Mediante dicho concepto la entidad afirmó que la diferencia en cambio debe ser efectuada, para efectos fiscales, únicamente hasta el momento de la enajenación o liquidación de los activos o pasivos en moneda extranjera, ya que antes no tendrá ningún efecto en las declaraciones tributarias. Ahora bien, conforme a la normatividad vigente, es necesario realizar un reconocimiento inicial, el cual comprende una medición de los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera a la TRM, esto con el fin de obtener el ajuste por diferencia en cambio al momento de enajenar o liquidar los mismos. Por último, se pronunció sobre la existencia de un régimen de transición respecto de este tema, el cual establece las reglas respecto de los ajustes referentes a la diferencia en cambio. DIRECCIÓN JURÍDICA.
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En días pasados, el Senador Jaime Amín Hernández, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 067 de 217 de Senado “Por medio del cual se adiciona la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. Esta iniciativa tiene por objeto que todos los sitios abiertos al público como centros comerciales, edificios de uso público, y en general los lugares donde existan parqueaderos habilitados para visitantes, cuenten con acceso y puestos de parqueo para las personas en condición de discapacidad, con movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, de acuerdo a dimensiones adoptadas internacionalmente en un número no menor al cinco por ciento (5%) del total. Estos parqueaderos deberán estar diferenciados por el símbolo internacional de accesibilidad. En el caso de nuevas urbanizaciones y unidades residenciales, se deberá garantizar como mínimo un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. Además, la ubicación de los sitios de parqueo de acceso prioritario deberá estar cerca a los ascensores, rampas, escaleras, accesos y/o salidas a los establecimientos. Por último, se busca crear el Certificado Único de Discapacidad -CUD-, el cual será expedido por las autoridades de tránsito territoriales. Este certificado será un documento público, de uso personal e intransferible en todo el país, y permitirá estacionar en los sitios establecidos, siempre y cuando, el vehículo sea conducido y/o utilizado por la persona en estado de embarazo notorio, con movilidad reducida o en condición de discapacidad y deberá ser portado en un lugar visible dentro del vehículo. Su vigencia será renovada anualmente mientras persistan las causales por las cuales se otorgó. De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo jueves 24 de agosto.
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En días pasados las Congresistas Claudia López y Angélica Lozano, radicaron ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 090 de 2017 de Cámara “Por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para los contratistas de prestación de servicios y se dictan otras disposiciones en materia de contratación administrativa y modernización Estatal”. Este proyecto de ley tiene como objeto desarrollar una serie de medidas referentes a las condiciones de quienes están contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, así como la implementación de un plan de trabajo público decente, que permita la modernización de las plantas de personal del Estado a fin de garantizar que el mismo cuente con el talento humano suficiente para cumplir con sus fines constitucionales y legales. Así, las disposiciones contenidas en la iniciativa se aplicarían a las personas naturales que se encuentran vinculadas a entidades públicas o privadas por medio de contratos de prestación de servicios, sean estos de naturaleza civil o administrativa. En consecuencia, se pretenden crear una serie de beneficios para los contratistas, como lo son: 1. Por cada año de trabajo, cinco (5) días de descanso remunerado y una prima de descanso equivalente al 25% del promedio de los honorarios recibidos mensualmente en los últimos seis (6) meses, 2. El contratante debe suministrar un plan básico de cobertura de caja de compensación, especialmente para acceder a créditos de vivienda y educación, así como ser afiliado a una aseguradora de riesgos laborales, 3. Se deberá garantizar la continuación de contratos a personas en condición de incapacidad, mujeres en estado de embarazo o lactancia, 4. Los contratistas podrán acceder a permisos por luto y por calamidad doméstica, sin tener que suspender el contrato, 5. Multas para los contratantes o empresas que no pagan oportunamente los honorarios, entre otros. Adicionalmente, los contratos de prestación de servicios sólo podrán ser renovados cuando subsista la necesidad contractual que los originó o una nueva necesidad que requiera ser atendida por la administración pública y no pueda ser cubierta por el talento humano de planta. De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo jueves 24 de agosto.
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