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Consejo de Estado se pronuncia sobre acción procedente para controvertir actos de registro mercantil

En días pasados la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció sobre cuál es la acción idónea y procedente para controvertir actos relacionados de registro mercantil. Al respecto, la Sala  ha sostenido que la acción de lesividad busca la protección de la legalidad que se ha visto afectada por el acto administrativo viciado de nulidad expedido por ella misma.

 

Por la anterior, dicha acción le ofrece a la administración la posibilidad de que en defensa del interés público y del ordenamiento jurídico y ante actos que vulneren este último, controvierta ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa sus propias actuaciones, a fin de sustraer del ordenamiento jurídico, el acto que considera vulnerador o espurio, empleando las mismas acciones (hoy medios de control) que se incoan para demandar por los administrados.

 

Así mismo la Corporacion recordó que, según la jurisprudencia de la Sección Primera, en los actos administrativos de contenido particular que la ley ha enlistado como susceptibles de enjuiciamiento a través de la acción de nulidad no se encuentran los de registro mercantil, los cuales crean una situación jurídica de carácter individual y concreto que atañen solamente a las personas que suscribieron la escritura pública, contentiva de la reforma del contrato social de la sociedad comercial. Por esa razón, reiteró que la acción procedente para controvertirlos, a su juicio, es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

 

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen los particulares, en tanto permite que la administración cuestione la legalidad del acto administrativo concreto y, tiene entre otras características, que en ella, la administración, comparece al proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener la nulidad de un acto administrativo expedido por ella, invocando una o varias de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico.

 

En consecuencia, con fundamento en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia del principio de buena fe por parte del ciudadano pues la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado radica en que se pruebe una de las referidas causales de nulidad.

 

En cuanto a la naturaleza de los actos proferidos por las Cámaras de Comercio, la jurisprudencia de la Corte Constitucional precisó que al tratarse de actos proferidos por personas de derecho privado, que cumplen funciones administrativas, son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, como quiera que se tratan de verdaderos actos administrativos.