En actos de corrupción no aplica el secreto profesional de los revisores fiscales

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En actos de corrupción no aplica el secreto profesional de los revisores fiscales

Una de las medidas implementadas por el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, expedida con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, consistió en adicionar una quinta causal de cancelación de la inscripción de contadores públicos de las que enlista el artículo 26 de la Ley 43 de 1990.
 
La nueva causal señala:
 
5. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción <sic> En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”
 
La Corte Constitucional analizó la anterior causal para verificar si la expresión “…En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.” era ajustada o no a las disposiciones de la Carta Superior, en el sentido de si esta disposición desconoce la inviolabilidad del secreto profesional consagrada en el artículo 74 de la Constitución y si se vulnera el debido proceso de las partes involucradas.
 
Según la Corte, teniendo en cuenta la función social a cargo de la empresa, la labor que ejerce el revisor fiscal busca evitar un daño social que convoca tanto el interés legítimo del Estado como el de diversos grupos sociales: trabajadores, acreedores, proveedores, razón por la cual, “…el secreto profesional que se garantiza a otras profesiones liberales, no puede equipararse a la actividad misma que cumple el contador público como revisor fiscal.
 
En tal sentido, señala la autoridad Constitucional que “…el deber de denunciar posibles hechos de corrupción no constituye una limitación al secreto profesional, sino que es un desarrollo de las tareas que le fueron asignadas y que están intrínsecamente relacionadas con el ejercicio de su labor”.
 
Igualmente, considera la Corte que dicha obligación a cargo del revisor fiscal no viola el debido proceso ya que no se trata de imputar delitos sino de poner en conocimiento actos de corrupción a la autoridad competente.

 
Reciban un cordial saludo,
 
 
 
CAROLINA SÁNCHEZ LÓPEZ
Directora Jurídica

Fuente Noticia: 

Corte Constitucional

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En actos de corrupción no aplica el secreto profesional de los revisores fiscales

Una de las medidas implementadas por el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, expedida con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, consistió en adicionar una quinta causal de cancelación de la inscripción de contadores públicos de las que enlista el artículo 26 de la Ley 43 de 1990.
 
La nueva causal señala:
 
5. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción <sic> En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”
 
La Corte Constitucional analizó la anterior causal para verificar si la expresión “…En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.” era ajustada o no a las disposiciones de la Carta Superior, en el sentido de si esta disposición desconoce la inviolabilidad del secreto profesional consagrada en el artículo 74 de la Constitución y si se vulnera el debido proceso de las partes involucradas.
 
Según la Corte, teniendo en cuenta la función social a cargo de la empresa, la labor que ejerce el revisor fiscal busca evitar un daño social que convoca tanto el interés legítimo del Estado como el de diversos grupos sociales: trabajadores, acreedores, proveedores, razón por la cual, “…el secreto profesional que se garantiza a otras profesiones liberales, no puede equipararse a la actividad misma que cumple el contador público como revisor fiscal.
 
En tal sentido, señala la autoridad Constitucional que “…el deber de denunciar posibles hechos de corrupción no constituye una limitación al secreto profesional, sino que es un desarrollo de las tareas que le fueron asignadas y que están intrínsecamente relacionadas con el ejercicio de su labor”.
 
Igualmente, considera la Corte que dicha obligación a cargo del revisor fiscal no viola el debido proceso ya que no se trata de imputar delitos sino de poner en conocimiento actos de corrupción a la autoridad competente.

 
Reciban un cordial saludo,
 
 
 
CAROLINA SÁNCHEZ LÓPEZ
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