Cuando se analiza el proceso que llevó a la formulación y negociación política e institucional de la ‘ley de víctimas’ debe reconocerse que detrás del mismo se puede leer un nuevo esfuerzo de la sociedad para intentar nuevamente el esquivo objetivo de la paz. Es por esto que los ánimos deben decantarse y todos, especialmente los gremios, debemos esforzarnos por apoyar su racional y eficiente implementación.
Es  imperativo dimensionar  la violencia en Colombia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como el de la gravedad y extensión de los hechos victimizantes. Solo así se puede entender y aceptar el esfuerzo social que implica diseñar y financiar intervenciones públicas para atender y reparar los daños inmensos a la población civil. Recordemos solamente algunos datos:
Desde el 1° de enero de 1985 Colombia perdió 134.000 vidas atribuibles directamente al conflicto armado interno; se presentaron 830.000 hechos victimizantes, que entre otras generaron el desplazamiento forzado de al menos 618.000 hogares. No menos de 1.800.000 personas tuvieron que dejar sus comunidades, su entorno y su proyecto de vida. Además, esta situación de desplazamiento castigó más duramente a los niñas, niños y adolescentes y a las mujeres . 
 
Diversos analistas dividen los últimos 26 años en dos períodos  diferentes en la confrontación armada. En el primero, hay una preponderancia de eventos realizados mayoritariamente por la guerrilla. En el segundo momento, los actores  más frecuentes  son las autodefensas y grupos paramilitares. Ambos grupos armados ilegales están en gran medida financiados  por sus vinculaciones con el narcotráfico.
 
Como algunos autores lo mencionan, han existido  complejos encadenamientos históricos de diversas violencias. Colombia lleva más de 50 años intentando neutralizar la violencia y a pesar de sus avances y retrocesos se encuentra una sorprendente paradoja: crecimiento económico y altísimas tasas de hechos violentos.
En el escenario mundial el conflicto colombiano sobresale por su intensidad y  su duración, pero así mismo se acepta que han existido esfuerzos permanentes por superar y aliviar sus efectos. Los principales desarrollos normativos a partir de la década del 90 así lo demuestran:
 
 

•   Ley 418 de 1997, la cual desarrolla instrumentos para la convivencia, entre ellos las disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley; estas organizaciones deben tener el reconocimiento de su carácter político por el Gobierno Nacional para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y convivencia pacífica.
•   Ley 782 de 2002,  la cual modifica algunos beneficios de la Ley 418 con relación a beneficios jurídicos para quien se desmovilice,
•   Ley  975 de 2005 -Justicia y Paz-, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
•   Ley 1448 de 2011 -Ley de Víctimas- y sus decretos reglamentarios.

 
Tramitar una ley como la que se aprobó en junio del año pasado implicó superar serias y antagónicas posiciones ideológicas y políticas. Ese es ya un avance extraordinario hacia el logro de la reconciliación entre los colombianos, pero no podemos bajar la guardia, pues existen enormes desafíos para que esta no resulte en una nueva frustración y no se genere en su implementación opciones de una peor polarización o una nueva frustración para las víctimas.
Los empresarios y muy especialmente los comerciantes, por nuestra estratégica presencia territorial podemos jugar un gran papel en la veeduría de la eficiente asignación de los importantes recursos fiscales -los que cada contribuyente paga para financiar la acción pública-. Según recientes cálculos preliminares del Gobierno, en el documento Conpes 3712 de Diciembre de 2011, estos pueden llegar a ascender a la importante cifra de 54 billones de pesos en la próxima década.
Para finalizar, como la gran mayoría de colombianos que apoyamos este esfuerzo encomiable del Estado, al mismo tiempo sentimos una gran preocupación acerca de la manera cómo vamos a poder asumir este enorme costo para el erario público, sin antecedente alguno en la historia del país.
 
 
 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO