La Corporación anuló apartes del artículo 15 de la Resolución 392 de 2003, proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. (hoy Secretaría de Movilidad) “por la cual se fija el índice de reducción de sobreoferta de vehículos, se reglamenta el sistema centralizado de recaudo de la tarifa del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá y se fijan los parámetros para su administración y aplicación”. La Sala dijo que “si bien el alcalde del Distrito Capital, en cuanto autoridad de transporte en el territorio de su jurisdicción, es competente para adoptar medidas que correspondan al diseño y ejecución de las políticas locales en materia de transporte público colectivo de pasajeros, resulta claro que en ese contexto, ni el alcalde de Bogotá, ni el secretario de tránsito y transporte de Bogotá se encuentran facultados para reglamentar los procedimientos y sanciones establecidos por el legislador”.